Santo Domingo.- La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) valoró positivamente que varias de sus recomendaciones técnicas fueron acogidas en la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, orientadas a prevenir las prácticas colusorias y garantizar una mayor participación y competencia en los procesos de contratación pública.
Entre las observaciones incorporadas se destaca la integración en el artículo 89 de la obligación de presentar una declaración jurada de oferta libre de colusión, en la que cada oferente certifica la autenticidad de su propuesta y su desvinculación de cualquier práctica concertada para manipular los resultados del proceso.
Asimismo, la modificación del artículo 116 que establece la exclusión de oferentes por prácticas prohibidas, incluyendo expresamente las licitaciones colusorias sancionadas por la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia. Este punto constituye un avance significativo en la lucha contra acuerdos anticompetitivos entre proveedores del Estado.
Además, la nueva ley, como recomendó ProCompetencia, mantiene la libre competencia como uno de sus principios rectores, promoviendo la participación del mayor número posible de oferentes y evitando obstáculos innecesarios que limiten el acceso a los procesos de contratación pública. Al mantener este principio se refuerza el compromiso del Estado dominicano con la apertura de los mercados públicos y promoción de condiciones más justas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
La aprobación y promulgación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas representa un avance institucional que refuerza la transparencia, la confianza ciudadana y la cultura de libre y leal competencia en el país.
ProCompetencia reitera su firme compromiso de seguir trabajando de la mano con la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) para garantizar la implementación efectiva de la nueva ley y la lucha contra la colusión en los procesos de compras y contrataciones públicas, garantizando así la libre competencia y equidad en el acceso a los contratos del Estado.
