El ministerio público solicitó al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, condenar a tres años de reclusión suspendida a cuatro implicados en el caso Medusa, quienes admitieron en el tribunal los hechos que se le imputan.
Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitó al juez Amauri Martínez que la condena a los imputados sea bajo la modalidad suspendida.
Entre los imputados que admitieron los hechos en el tribunal y que el ministerio público pidió que fueran condenados se encuentran Carlos Augusto Guzmán Oliver, Francisco Arturo Santos Gómez, Daniel Enrique Vásquez Feliz, Francisco Alberto Vásquez.
Igualmente, el ministerio público solicitó al tribunal que las empresas que presentaron fueran condenadas cada una a más de 700 mil pesos, ordenando el decomiso a favor del Estado Dominicano de las acciones de la entidad comercial, ordenando la cancelación de su registro mercantil.
Pidió al tribunal que los imputados tienen que cumplir durante el periodo de suspensión residir en un lugar determinado, abstenerse de viajar al extranjero sin permiso de la autoridad judicial competente, abstenerse de porte de armas de fuego y de abuso de bebida alcohólica o sustancia narcóticas, realizar horas de trabajo comunitario y la obligación de presentarse mensualmente al juez.
La procuradora de Corte dijo que en el acuerdo arribado con el imputado Guzmán Oliver y su empresa la razón social Herraje Rachel, SRL aceptan pagar en forma de multas a favor del Estado Dominicano la suma de más de 700 mil pesos y reconocen la condición de víctimas y persona directamente ofendida de los representantes del Estado Dominicano.
Otro también admite culpabilidad
Mirna Ortiz, dijo que igualmente, el imputado César Nicolás Rizik Pimentel, se declaró culpable ante el juez que conoce el juicio preliminar en contra de los encartados en el caso Medusa, cuyo principal implicado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez.
Manifestó que en cuanto a este imputado el Pepca acogerá su testimonio y dará por conocidas sus declaraciones, que será debatido en el juicio y que como el imputado admite los hechos y solicita que sea enviado a juicio de fondo, el juez podría dictar auto de apertura a juicio.
En la audiencia, Rizik Pimentel declaró ante el juez que colaborará con el Ministerio Público para poder llevar paz y tranquilidad a él y a su familia. «Estamos en posición de contribuir y colaborar con lo que fuese necesario con el propósito de que no solamente yo, sino toda mi familia”.
Sostuvo el imputado que en el 2016 participó en el proceso de licitación y le darían el contrato si accedía a dar un porcentaje de lo ganado y que en ese momento les proponen y les ordenan dar un porcentaje a cambio de ser beneficiada su empresa.
El Ministerio Público acusa al imputado de realizar junto a otros dos, a través de la Distribuidora Ropi SRL y la colaboración del señor José Alberto Abbott Brugal, como «prestanombre», obtener dos contratos para los alimentos de las cárceles, por los que la PGR pagó la suma de RD$131,019,966.84.
Desestiman apelación a dos de caso Gavilán
Por otra parte, Alfredo Mirambeaux Villalona y Mártires Rosario Reyes, dos de los acusados de formar parte de borrar y alterar registros de antecedentes penales de 16,958 personas, fracasaron ayer en su intento de obtener su libertad, mediante el conocimiento de recursos de apelación en contra de la decisión que lo envía a prisión preventiva.
Los acusados acudieron ante la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en busca de la variación de la medida de coerción, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por ambos imputados.
Mirambeaux Villalona se desempeñaba como encargado de la base de datos de la Procuraduría General de la República (PGR), mientras que Rosario Reyes, se desempeñaba como soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría.
De acuerdo con el Ministerio Público, el procesado participó en la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas. Esta red la desmanteló la Operación Gavilán, a principios del mes de agosto.
En el caso figuran además como imputados Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Domingo Julio Santana Sánchez, Rubén Darío Morbán Santana.
También Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes y Antony Vicente Ferrer Monegro y Romanqui Alexander Dotel Medina.
El grupo fue sometido a la justicia por los delitos que figuran en los artículos 59, 60, 123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Así como también, por la violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública, los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Y por el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Los citados textos tipifican y sancionan la asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos provenientes de los delitos imputados.
Con la eliminación de antecedentes penales que ejecutó esta red criminal, se beneficiaron sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol. Otros por secuestro. Esta estructura llegó al extremo de que personas recluidas, con condenas de hasta 30 años de prisión, figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
