-El juez Amauri Martínez fijó una garantía económica de RD$50 millones y se ordenó prisión domiciliaria, impedimento de salida y colocación de grilles electrónicos.
Santo Domingo, RD. El juez Amauri Martínez ordenó en la madrugada del miércoles el cese de la prisión preventiva a favor del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, otorgando una garantía económica y prisión domiciliaria, luego de 18 meses en prisión preventiva.
El magistrado del Tercer Juzgado de la Instrucción impuso una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida, se ordenó prisión domiciliaria y la colocación de un grillete electrónico contra Rodríguez. El 15 de febrero se leerá la decisión de manera íntegra.
Rodríguez es el principal imputado en el caso Medusa, que involucra a 41 personas y 22 empresas, y por el que se habrían apropiado de más de RD$1,000 millones de recursos del Estado dominicano.
Durante el conocimiento del cese de la prisión preventiva la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso lo acusó a de obstruir el proceso judicial de diversas formas, una de ellas ha sido el supuesto ofrecimiento de un millón de pesos al testigo Rainieri Sánchez Medina.
Reynoso dijo al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, magistrado Amauri Martínez, que ese millón de pesos fue ofrecido con tal de que no declarara.
“En el caso de la testigo Luisa Montana, esta lo visitaba y eso nos llevó a investigar a un abogado de esa barra, porque ya las quejas de obstrucción eran múltiples”, dijo.
Rodríguez fue apresado el 29 de junio del 2021 y desde entonces guarda prisión preventiva en la penitenciaria de Najayo.
«Es el Estado completo contra Jean Alain Rodríguez», dijo el imputado de la supuesta red de corrupción desmantelada por la Operación Medusa al señalar que enfrenta el poderío del Ministerio Público y al Poder Ejecutivo.
A las acusaciones del órgano acusador de que ha retrasado el proceso y lo ha obstaculizado, dijo que esto no ha sucedido ni un solo día y como muestra sostuvo que solo ha pedido dos revisiones obligatorias en 18 meses, cuando por ley le corresponde hacerlo cada tres meses.
