Santo Domingo. –Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que el PLD no se callará ante la negligencia, deficiencia administrativa e inhumanidad del actual gobierno, que está ocasionando que el Estado se desmorone y que la gente esté atravesando por situaciones económicas y de salud muy críticas.
Denunció que los programas como Fase I y II, el 911, República Digital, entre otros han sido descuidados o han desaparecido, mientras el gobierno se escuda en causar escándalos para esconder su negligencia.
“Es incapacidad, es improvisación, es negligencia, es simplemente que no hay una visión de trabajar de cara a la sociedad. Hay que retomar Fase I y II, hay que ayudar a las empresas, reajustar el salario para que la gente recupere su poder adquisitivo y reformar la seguridad social, porque la gente hoy tiene muchas limitaciones”, precisó Francisco Domínguez Brito en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD de su participación en la televisora CDN.
Dijo que el PLD no se callará ante los escándalos que se están dando en el Congreso Nacional, ni ente las situaciones que está viviendo la sociedad dominicana en estos momentos.
Indicó que en diez meses el actual gobierno no ha buscado la manera de darle seguimiento casi 250 mil niños que estaban en las Estancias Infantiles, recibiendo alimentación y educación; mientras las madres tienen que pagar para que alguien se los cuide porque no tienen dónde dejarlos.
“La política tiene que tener también un componente humano y el PLD está trabajando para retornar al poder y revertir esa situación que están sufriendo las familias dominicanas”, agregó.
Señaló que el actual gobierno llegó al poder con muchas mentiras, como en el caso del aumento de los fondos de las tarjetas y del incremento salarial de los militares o los 10 mil pesos mensuales que le prometieron a los desempleados, por eso la gente votó por ellos y el PRM los ha defraudado.
Consideró que ante la limitación del poder adquisitivo de la gente y el retiro de los programas sociales por parte del gobierno, es momento de un aumento salarial.
Por otro lado, Francisco Domínguez Brito, manifestó que ante las acusaciones de corrupción, la posición oficial del Comité Político fue presentada ante la opinión pública y la misma plantea el derecho del Ministerio Público a investigar ante presuntas anomalías, siempre que se respete el debido proceso y la dignidad de las personas; que las investigaciones se hagan con toda la seriedad debida y el respeto a la institucionalidad.
Dijo que si alguien ha cometido una violación y las instituciones judiciales realizan el debido proceso, entonces cada quien debe asumir su responsabilidad, pero no sin ser juzgado.
El dirigente peledeísta señaló que el impedimento de salida es una medida de coerción que solo puede establecer un juez, por lo que lo sucedido con Jean Alain Rodríguez fue ilegal.
“Lo importante es siempre fortalecer la institucionalidad, porque un Estado de Derechos no se hace ni con venganza, intolerancia, complicidad, ni con flojera”, enfatizó el también ex procurador de la República.
El dirigente peledeísta dijo que un Estado de Derechos se hace con firmeza y con respeto y decisiones que fortalezcan el imperio de las leyes.
Consideró que en República Dominicana en materia de control se ha avanzado como nunca, con leyes impulsadas por el PLD como son La ley de Contrataciones Públicas, con la Ley de Tesorería y con la eliminación de los fondos a discrecionalidad del presidente y de los ministerios o la Cuenta Única del Tesoro, entre otras medidas importantes.
“Me parece que la lucha contra la corrupción tiene que tener un componente más abierto, porque una cosa es la persecución política en un caso de corrupción y otra cosa es que el gobierno por una persecución política maneje una serie de rumores y mecanismos para que una persecución judicial tome unos matices que no son los correctos”, puntualizó Domínguez Brito al abordar el tema de la supuesta persecución a los actos de corrupción
Dijo que siente preocupación sobre el manejo de la institucionalidad, el deber ser y lo correcto que debe caracterizar al Poder Judicial, porque situaciones como el dinero del narcotráfico que entró a la campaña del actual gobierno se ha quedado como si nada.
