Santo Domingo, RD.– La pastora Rossy Guzmán Sánchez, imputada en el caso de corrupción denominado “Operación Coral”, figura como socia de un drink desde el año 2010 con el 10 por ciento de las acciones.
Según un documento al que se refirió la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, en la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pudo contactar que la pastora es socia de Raffis Drink Club SRL.
Esto llamó la atención de la fiscal Mirna Ortiz, quien leía la solicitud de medida de coerción durante la audiencia que se lleva a cabo en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, a cargo de la jueza Kenya Romero.
“Una pastora socia de un drink, pero ella sabrá”, fue la expresión de la magistrada Ortiz.
En tal sentido, Berenice Reynoso reveló que el vehículo en el que se desplazaba la pastora Rossy Guzmán, usaba placa del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y está a nombre del coronel Rafael Núñez de Aza, quien también está imputado en caso de corrupción denominado “Operación Coral”.
La imputada Guzmán es acusada de ser testaferra del principal imputado en la Operación Coral, Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), durante la gestión del expresidente Danilo Medina.
El Ministerio Público procedió este miércoles con la lectura de la solicitud de medida de coerción contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros cuatro involucrados en el caso Coral, calificado como un entramado de “corrupción en las entrañas del poder”.
Además del mayor general Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, en el expediente de la Operación Coral figura el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la citada imputada. También el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Contra el grupo el Ministerio Público solicita a la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que le imponga un año de prisión preventiva y que declare el proceso de tramitación compleja.