«El hecho de que la Constitución no proporcione un remedio para cada actuación incorrecta del Gobierno» fue una de las ideas centrales de la mayoría. El fallo señala que los afectados todavía pueden recurrir a demandas civiles, a las leyes existentes o pedir al Congreso y a las autoridades estatales que establezcan otras soluciones.
¿Qué ocurrió con el agua?
Los cuatro residentes alegaron que durante años las autoridades de Jackson permitieron que plomo llegara al sistema de agua potable.
Según la demanda, funcionarios de la ciudad sabían que existían problemas, pero aun así dijeron a los ciudadanos que podían beber el agua de manera segura. Los demandantes sostienen que esas declaraciones provocaron que ellos y sus familias continuaran consumiendo agua contaminada.
El propio fallo reconoce que el sistema de Jackson ha sufrido graves problemas. En años recientes registró agua con plomo, E. coli y otras bacterias, interrupciones del servicio y numerosas órdenes para que la población hirviera el agua antes de consumirla.
Según las alegaciones recogidas en el expediente judicial, varios hijos de Sterling fueron diagnosticados con intoxicación por plomo, mientras otros demandantes dijeron presentar posibles efectos relacionados con la contaminación. Estas afirmaciones forman parte de la demanda y el tribunal no celebró un juicio para determinar definitivamente todos esos hechos.
¿Por qué perdieron la demanda?
Los residentes argumentaron que obligarlos, mediante las acciones de las autoridades y la información que recibieron, a consumir agua contaminada afectó su derecho a la «integridad corporal».
La mayoría de los jueces no estuvo de acuerdo.
«El hecho de estar expuesto a agua contaminada con plomo no constituye una lesión de dimensión constitucional suficiente» para este tipo de demanda, sostuvo el tribunal. Los jueces señalaron que la Constitución estadounidense protege la integridad física frente a determinadas intervenciones del Estado, como una cirugía forzada o la administración involuntaria de medicamentos, pero consideraron que el caso del agua de Jackson no encajaba jurídicamente en esas situaciones.
El tribunal también rechazó la segunda parte del argumento: que los ciudadanos tienen un derecho constitucional a que los funcionarios les digan la verdad durante una crisis de salud pública.
La mayoría dijo que no encontró en la historia jurídica estadounidense ni en decisiones vinculantes de la Corte Suprema un derecho constitucional específico a recibir información verdadera de los funcionarios sobre contaminantes presentes en el agua municipal.
Discrepancias en el fallo
Cinco jueces no estuvieron de acuerdo.
La decisión no fue unánime.
Diez jueces respaldaron el razonamiento principal del fallo, mientras cinco —Catharina Haynes, Carl Stewart, Stephen Higginson, Dana Douglas e Irma Carrillo Ramirez— discreparon parcialmente.
Haynes sostuvo que el caso debía continuar al menos hasta una etapa en la que los residentes pudieran obtener documentos, correos electrónicos, declaraciones y otras pruebas.
La jueza señaló que las acusaciones sobre Jackson tenían similitudes con la conocida crisis del agua de Flint, Michigan, donde otro tribunal federal permitió demandas constitucionales contra funcionarios acusados de exponer a la población a agua contaminada.
No es una decisión de la Corte Suprema
El alcance del fallo también tiene un límite importante.
La decisión fue adoptada por el Quinto Circuito, un tribunal federal de apelaciones cuya jurisdicción comprende Texas, Louisiana y Mississippi. No se trata de una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que establezca automáticamente la misma interpretación para todo el país.
Otros tribunales federales han llegado a conclusiones diferentes en casos parecidos. El propio Quinto Circuito reconoció que el Sexto Circuito permitió avanzar reclamaciones constitucionales relacionadas con la crisis del agua de Flint, aunque decidió no seguir ese criterio.
En términos sencillos, la sentencia dice esto: tener agua potable segura puede estar protegido por leyes y regulaciones, pero el Quinto Circuito considera que no es, por sí mismo, un derecho fundamental escrito o reconocido dentro de la Constitución de Estados Unidos.
Eso no elimina las normas que obligan a las ciudades a suministrar agua segura. La EPA continúa supervisando el sistema de Jackson y señala que todavía se realizan reparaciones para lograr estabilidad a largo plazo.
