Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ratificó la suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de las sociedades comerciales Condelca, S.R.L. y Empresas Integradas, S.A.S., tras desestimar los recursos de reconsideración presentados por dichas entidades contra el acto administrativo núm. DGCP44-2025-004600 de fecha 20 de noviembre de 2025.
Mediante una nota de prensa, el órgano rector explicó que la decisión revalida la suspensión temporal del RPE de las citadas empresas mientras la Procuraduría General de la República (PGR) avance en las investigaciones penales abiertas por presuntos delitos contra la Administración pública cometidos en el marco de procedimientos de contratación pública.
La institución recordó que los registros de estas compañías junto con los de otras 18 sociedades comerciales fueron suspendidos de oficio en noviembre del año pasado luego de una investigación de oficio junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría que arrojó indicios de vinculación a una estructura de proveedores que habría manipulado procesos de contratación estatal a través de prácticas fraudulentas, afectando de manera directa la libre competencia y la igualdad de participación de oferentes.
En las resoluciones motivadas, la DGCP precisó que la suspensión del RPE no constituye una sanción penal ni una condena anticipada que vulnere la presunción de inocencia y que, por el contrario, responde a una medida cautelar, preventiva y temporal amparada en el artículo 25 de la Ley núm. 107-13 de Procedimiento Administrativo, así como en el régimen de inhabilitaciones previsto en la Ley núm. 340-06 y su Reglamento de Aplicación núm. 416-23. vigentes en aquel momento.
«El mantenimiento de la condición de proveedor activo del Estado no constituye un derecho inmutable ni absoluto, sino que la permanencia en el RPE está condicionada y sujeta al cumplimiento continuo de principios de integridad, transparencia e idoneidad», subrayó la institución.
Asimismo, enfatizó que, ante alertas formales sobre investigaciones penales por presuntos ilícitos en procesos de contrataciones públicas, el órgano rector está legalmente facultado para actuar de oficio y mitigar riesgos sobre los fondos públicos.
Al responder a los recursos presentados por las empresas Condelca, S.R.L. y Empresas Integradas, S.A.S., la DGCP concluyó que: ninguna de las sociedades comerciales aportó elementos probatorios o documentos capaces de desvirtuar la fundamentación legal y cautelar que dio origen a la suspensión inicial.
Indicó que, si bien se reconocen las expectativas de dichas empresas, estas no pueden sobreponerse a la protección del interés general, la libre competencia y la prevención de la corrupción.
La DGCP informó que, como parte de su protocolo institucional, las resoluciones RIC-0202-2026 y RIC-0203-2026 fueron formalmente notificadas a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Cámara de Cuentas y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), para los fines correspondientes.
Dichas resoluciones pueden ser consultadas de manera íntegra en la sección Marco Legal del portal web de la DGCP; (www.dgcp.gob.do).
Finalmente, la DGCP reiteró que esta medida busca salvaguardar la integridad administrativa y blindar el sistema de contrataciones frente a cualquier presunto ilícito penal.
