Por: José de Pool
Esta reflexión surge a partir de informaciones publicadas recientemente en la prensa nacional, que han vuelto a colocar en el centro del debate público los esquemas de pago, la intermediación y el uso de los fondos del Estado. No se trata de juzgar personas ni procesos judiciales en curso, sino de analizar patrones estructurales que se repiten con preocupante regularidad.
En muchas discusiones públicas, el énfasis se coloca en el relato: quién dijo qué, quién llamó a quién, o en qué momento ocurrió tal o cual hecho. Sin embargo, el verdadero fondo del problema suele estar en algo mucho más simple y difícil de refutar: la aritmética.
La pregunta esencial es directa:
¿Quién se queda con qué porcentaje y bajo qué justificación?
Cuando se observan esquemas en los que gestores, intermediarios o “facilitadores” reciben porcentajes elevados —40 %, 50 % o incluso más— mientras el fin público recibe una proporción menor, no hace falta un discurso elaborado para identificar la distorsión. No es ideología: son números.
Este tipo de prácticas no surge de la nada. Desde principios de los años 90, el Estado dominicano ha arrastrado un modelo estructural que posterga deudas, traslada compromisos de una gestión a otra y normaliza lo excepcional. Obras no concluidas, expropiaciones pendientes y pagos diferidos se convierten en una carga acumulativa que ningún gobierno logra saldar en su totalidad.
Con el paso del tiempo, se adoptaron decisiones administrativas que, aunque presentadas como soluciones, generaron nuevos incentivos problemáticos. El cierre contable con cuentas por pagar en cero, la centralización de deudas y la creación de fondos para pagos atrasados abrieron espacio a esquemas donde el intermediario pasó a ocupar el centro del sistema, desplazando el objetivo público.
Esta es una opinión, pero sustentada en la observación reiterada de un mismo patrón: cuando el sistema prioriza al gestor por encima del propósito, el resultado es predecible. No importa el partido, el período ni el discurso; el desenlace matemático es el mismo.
Las informaciones difundidas por la prensa nacional, que sirven de inspiración para esta columna, apuntan a modalidades de pago y flujos financieros que —de confirmarse— evidencian una falla sistémica más profunda que cualquier caso aislado. El problema no es solo quién lo hizo, sino qué estructura lo permitió.
En ese contexto, el veto del Presidente a una iniciativa legislativa considerada defectuosa debe entenderse como una decisión acertada y responsible. Vetar no es frenar el progreso; en ocasiones, es evitar la institucionalización de errores que luego se vuelven casi imposibles de desmontar.
Hoy más que nunca, el país necesita auditoría forense, trazabilidad y corrección estructural, no nuevos relatos que intenten justificar lo injustificable. Existen las herramientas técnicas para hacerlo; lo que se requiere es voluntad.
Al final, la aritmética no miente.
Los discursos cambian, los nombres pasan, pero los números —cuando se revisan con seriedad— siempre terminan contando la verdad.
