República Dominicana continuará con su política de deportación de haitianos indocumentados, criticada por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, y consideró que el país enfrenta «retos sin precedentes» debido a que en Haití se produce «una situación sin precedentes».
«Vamos a seguir, el país tiene que seguir con las leyes migratorias, cumpliendo con las leyes y la Constitución», dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, en su acostumbrada rueda de los lunes en el Palacio Nacional.
El mandatario aseguró que su Gobierno ejecuta las deportaciones respetando los derechos humanos de los haitianos en situación migratoria irregular.
Al abundar sobre la crisis en Haití, el jefe de Estado reveló que esta semana invitará «personalmente» a los tres expresidentes dominicanos Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina a fin de conversar con ellos para fortalecer la política migratoria en el país.
«Yo le hago personalmente una invitación a los expresidentes debido a la situación sin precedentes que se produce en Haití (…) Eso enfrenta (a) retos sin precedentes para la República Dominicana», afirmó Abinader.
El jueves pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, criticó la implantación del protocolo de verificación migratoria en los hospitales dominicanos, algo que solo en el primer día derivó en la detención de 87 pacientes haitianas embarazadas y próximas a dar a luz.
La medida «puede repercutir rápida y negativamente en las personas que buscan atención sanitaria -entre ellas mujeres a punto de dar a luz- y que no quieren hacerlo porque creen que los hospitales no son lugares seguros», apuntó ese día el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric.
Abinader respondió, un día después, que la organización internacional lo que debía hacer era ir a trabajar en Haití, «que vayan a ocuparse de la situación de los derechos humanos en Haití, que no abandonen Haití. Y a la comunidad internacional también que lo haga».
Hoy también el Gobierno dominicano entregó decenas de autobuses a la Dirección General de Migración para ampliar los operativos de detención y deportación de extranjeros en situación migratoria irregular.
