El senador de La Romana, Iván Silva, solicitó información sobre los contratos y concesiones, pero le fue negada.
Santo Domingo, RD.– Atendiendo a su labor de fiscalizador, el senador de la provincia La Romana, Iván Silva, interpuso una demanda contra el Ministerio de Energía y Minas, ante la negativa de esta entidad de entregar los contratos y las concesiones para la explotación de oro que han sido otorgados a distintas empresas en el país.
El legislador se presentó la mañana de este martes en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) dónde interpuso la demanda y exigió la entrega de los documentos.
La petición de Silva viene a raíz de su rol como presidente de la comisión especial del Senado para la fiscalización y explotación sostenible del litio y otros metales, posición mediante la cual argumentó la solicitud de información.
“Yo como senador de la República y como presidente de la comisión para la fiscalización y explotación sostenible del Litio y otros metales, estoy pidiendo información sobre más de 300 compañías que explotan oro en nuestro país y no me quieren dar los contratos ni las concesiones de esas empresas”, manifestó el congresista.
El legislador remitió una comunicación dirigida al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, en el cual le solicitó formalmente el listado de las compañías mineras que se encuentran extrayendo oro dentro del territorio nacional, así como una copia de los respectivos contratos y las concesiones, sin embargo las informaciones no le fueron concedidas.
Silva también hace constatar en la comunicación que previamente recibió de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) un listado de las compañías mineras que se encuentran registradas en esa dirección.
En la demanda, los abogados que representan al senador Silva argumentaron que el Ministerio de Energía y Minas violó la Ley No.200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública al no entregar la información requerida en el plazo establecido por ley.
Ante esto, en la demanda, además de exigir la entrega de los documentos solicitados, pide una “imponer un astreinte” de 100 mil pesos por cada día de retraso que deje cumplir el referido ministerio con la entrega.