Movían recursos millonarios a través de una sociedad comercial off shore, denominada CVC ONE en Panamá.
Santo Domingo.-
Los presidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana y del Grupo Cap Cana y el Aeropuerto Internacional de Bávaro fueron sometidos hoy ante la Fiscalía del Distrito Nacional, acusados de un fraude contra el Estado al efectuar transacciones simuladas que sobrepasan los dos mil millones de pesos sin pagar impuestos.
La querella fue presentada a la fiscal titular Rosalba Ramos, por el empresario norteamericano Mariano González Diez y su compañía Maho Trading a través del abogado Jorge Lora Castillo, en contra de Miguel Alberto Surún Hernández, Abraham Hazoury Toral, Rafael Fernández de Castro, Aeropuerto Internacional de Bávaro y el Grupo Cap Cana.
El abogado los acusa de lavado de activos y asociación de malhechores y pide a la fiscalía investigar las propuestas en la querella, además de solicitar prisión preventiva en virtud de la gravedad de las imputaciones y los ilícitos denunciados.
La querella busca resarcir eventualmente al médico puertorriqueño González Díez, comprador de un solar en Cap Cana por US$2.970.000 en el 2007. El pago debió ir a una cuenta en plica y los fondos utilizados en las obras de infraestructura del proyecto Los Farallones de Trump, lo que no ocurrió.
Ante el uso indebido de esos recursos e incumplimiento, el inversionista acudió al Centro de Resolución Alternativa de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y Cap Cana condenada al pago de los US$2.970.000 y una indemnización por daños y perjuicios ascendente a US$567.636, en diciembre pasado.
De acuerdo a la querella, Surún Hernández constituyó la sociedad comercial CVC ONE, Inc. en Panamá con un capital mínimo el 11 de noviembre del 2009, la registró el 21 de mayo del 2012 en la Cámara de Comercio y Producción de La Romana y posteriormente la utilizó en connivencia con Hazoury Toral para la compra de los terrenos donde se construiría el Aeropuerto Internacional de Bávaro por un total de RD$116.455.653.59, entre junio y julio del 2019.
El presidente del Colegio de Abogados (CARD), en cuya declaración de bienes no figura la compañía extranjera, cedió la titularidad de la misma a Hazoury Toral el 8 de julio del 2019, pero la transferencia de las acciones fue inscrita el 27 de agosto del 2020. El CARD recibe fondos públicos y su presidente está obligado a declarar bajo juramento todos sus haberes.
Según se indica en la querella, los terrenos fueron vendidos a Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB S.A.S el 21 de octubre del 2019 por US$38.490.938, equivalentes a RD$2.232.474.000. Dado que Hazoury Toral también era presidente de ambas razones comerciales, se vendió y compró a sí mismo, pero en solo tres meses revaluó 19 veces lo pagado inicialmente por CVC ONE a los propietarios originales de los terrenos.
“Huelga señalar que la empresa CVC ONE Inc., por sí misma, no tenía ninguna actividad económica legítima, reconocida o registrada que le permitiera hacer estas inversiones millonarias, sustentadas en el lavado de activos, la evasión de impuestos, como delito precedente, y sobre todo, mediante el evidente uso del testaferrato”, se indica en la querella.
En esas maniobras financieras, el abogado Lora Castillo advierte una asociación de malhechores para desfalcar al Estado dominicano bajo ocultación y simulación patrimonial. A su entender y dada la baja capitalización de la empresa panameña y su exclusión de la declaración jurada de Surún Hernández, hay que determinar el origen de los recursos utilizados para comprar los terrenos donde se levantaría el Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Las supuestas compras fueron realizadas en principio por Rafael Fernández de Castro, quien entra al escenario de la CVC ONE, INC, propiedad de Surún Hernández, el 5 de mayo del 2019, cuando el consejo de administración le otorga poder para la “administración diaria y corriente de la entidad y adquirir comprar, permutar y vender inmuebles”.
Cuando la compañía fue constituida, el consejo de administración estaba compuesto por Miguel Alberto Surún Hernández, presidente, quien detentaba todos los poderes; Catherine Castellanos Lora, vicepresidenta, y Esperanza Victoriano Rosario, secretaria.
