Por Lic. Luis Alberto Pérez
En las últimas semanas, el tema de la indexación salarial ha regresado con fuerza al debate público, impulsado por sectores de la oposición que intentan presentar esta bandera como una solución inmediata a los desafíos económicos del país. A simple vista, el planteamiento parece justo: vincular los salarios al costo de la vida, de modo que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Sin embargo, cuando se analiza con detenimiento, la propuesta revela más tintes de oportunismo político que de genuina preocupación por la estabilidad económica y social.
Es importante recordar que los mismos sectores que hoy claman por la indexación automática tuvieron dieciséis años consecutivos en el poder y nunca crearon un mecanismo institucional que protegiera de manera efectiva el salario de los dominicanos. Durante todo ese tiempo, las revisiones salariales se manejaron al margen de la técnica económica y se supeditaron a la conveniencia política de cada momento, dejando a miles de trabajadores expuestos a los embates de la inflación sin un amparo real del Estado.
Ahora, desde la oposición, pretenden presentarse como los grandes defensores del salario digno, sin reconocer que el verdadero desafío no radica en decretar aumentos, sino en garantizar la sostenibilidad de esos incrementos dentro de un marco fiscal responsable. Ajustar los salarios de manera automática sin una base económica sólida no solo es imprudente, sino que podría generar desequilibrios financieros graves, incrementando el déficit público y comprometiendo recursos destinados a áreas esenciales como educación, salud y seguridad.
El verdadero debate no debería centrarse en si se debe o no indexar los salarios, sino en cómo hacerlo de manera ordenada y sostenible. Para lograrlo, el país necesita una reforma fiscal integral que contemple la modernización del sistema tributario, la reducción del gasto improductivo y la creación de políticas de compensación que beneficien tanto a los trabajadores como a las empresas. Solo a través de un marco coherente de ingresos y gastos podrá garantizarse una protección salarial estable, sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.
La defensa del salario de los dominicanos no puede convertirse en una consigna populista para agitar emociones o buscar simpatías en tiempos preelectorales. El bienestar de las familias debe ser una prioridad nacional, tratada con seriedad, planificación y sentido de Estado. La responsabilidad no es solo proteger el poder adquisitivo de hoy, sino asegurar que las generaciones futuras encuentren un país con instituciones fuertes, economía sana y empleos dignos.
En conclusión, defender el salario del pueblo dominicano exige más que discursos de ocasión: requiere visión, compromiso y reformas estructurales. El país necesita decisiones valientes, no promesas efímeras. La indexación salarial debe ser parte de un proyecto nacional de desarrollo, no un eslogan electoral pasajero.
