El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decide este jueves la sentencia a los seis encartados en el expediente por US$92 millones de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para las asignaciones de obras públicas en el país.
Cuatro años después del tránsito en los tribunales, será a las 3:00 de la tarde cuando las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dicten sentencia.
El Ministerio Público solicitó al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa, siete años para Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y cinco años de reclusión para Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Juan Rodríguez Hernández.
Mientras que los abogados defensores solicitaron libertad pura y simple, tras argumentar que no existen elementos de pruebas.
En un principio, el caso comenzó con 14 imputados, cuando se destaparon los allanamientos la mañana del 29 de marzo del 2017 en exclusivas torres de Santo Domingo.
En principio los imputados fueron 14 y en el conocimiento de medida de coerción abarcó a Ángel Rondón Rijo, César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Temístocles Montás, Máximo De Óleo, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Víctor Díaz Rúa, Bernardo Castellanos de Moya, Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.
El juez especial Francisco Ortega Polanco, dispuso un año de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria para Ángel Rondón; nueve meses en Najayo para Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga; seis meses en Najayo para Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González. Además impuso tres meses de prisión preventiva para César Sánchez y Máximo de Óleo Ramírez.
El magistrado ordenó arresto domiciliario para Radhamés Segura y Juan Roberto Rodríguez.
También fianza por cinco millones e impedimento de salida del país para los entonces legisladores Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín.
Bernardo Castellanos estaba fuera del país y se emitió una orden de captura internacional en su contra. El dos de agosto de 2017 fue detenido cuando regresó al país, dos días después le impusieron coerción de impedimento de salida.
