Santo Domingo, República Dominicana.La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) destacó la importancia de que la implementación del nuevo Código Penal contribuya al fortalecimiento de la seguridad jurídica, la institucionalidad y la competencia leal, al tiempo que llamó al sector empresarial a prepararse ante las nuevas responsabilidades que introduce la legislación, particularmente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El planteamiento fue realizado durante el Encuentro Industrial: Nuevo Código Penal, “Aportes al fortalecimiento de la seguridad jurídica y la competitividad”, organizado por la AIRD, que contó con la participación de la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, así como de representantes del sector industrial y empresarial.
Al pronunciar las palabras de apertura, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, afirmó que la entrada en vigor del nuevo Código Penal representa uno de los cambios institucionales más importantes de los últimos años, al dejar atrás una legislación concebida hace más de un siglo para responder a una sociedad, una economía y unas formas de relacionarse profundamente diferentes a las actuales.
Brache señaló que, desde la perspectiva empresarial, este cambio merece especial atención. Indicó que las empresas se benefician cuando operan con reglas claras en el marco de un Estado de derecho que aplique la ley de manera previsible, proporcional y siempre apegada al debido proceso. “La seguridad jurídica es una condición fundamental para invertir, producir, generar empleos y competir”, expresó.
Un nuevo escenario para las empresas
El presidente de la AIRD destacó que uno de los cambios de mayor relevancia para el sector productivo es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que introduce una nueva dimensión en la gestión de las organizaciones: el riesgo penal empresarial.
Explicó que las empresas han estado acostumbradas a gestionar el cumplimiento regulatorio, tributario, laboral, ambiental, societario o financiero, pero el nuevo marco otorga mayor relevancia a los deberes de organización, dirección, control y supervisión, así como a la existencia de programas efectivos de cumplimiento.
“No basta con manuales, códigos o protocolos. Se requiere identificar riesgos, establecer controles, capacitar al personal, disponer de mecanismos de denuncia, investigar posibles irregularidades y documentar adecuadamente los procesos. En otras palabras, el cumplimiento debe hacerse parte fuerte de nuestra cultura empresarial”, sostuvo.
El cambio genera interrogantes
El presidente de la AIRD reconoció que un cambio legislativo de esta magnitud genera interrogantes para las organizaciones productivas. Entre ellas citó cómo será aplicada la responsabilidad penal de las empresas, qué se espera de sus órganos de dirección, cuáles serán los estándares razonables de cumplimiento, cómo se determinará que una organización ha establecido controles suficientes y de qué manera funcionará el régimen para las pequeñas y medianas empresas.
Indicó que precisamente esas inquietudes hacen necesario promover espacios de intercambio entre las autoridades y el sector productivo, de manera que las empresas conozcan adecuadamente sus responsabilidades y puedan prepararse para cumplirlas.
Brache reiteró que, para la AIRD, la adecuada implementación de una legislación de esta trascendencia requiere información, prevención, orientación y diálogo.
“Ese es el país que queremos seguir construyendo: con instituciones fuertes, empresas responsables, competencia leal y confianza para invertir y producir”, afirmó.
En el Encuentro se realizó un panel, conducido por el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, en el que la Procuradora General de la República respondió muy diversas inquietudes del sector industrial.