Santo Domingo.- Los secretarios de Salud y Seguridad Social del partido Fuerza del Pueblo (FP) advirtieron este miércoles sobre una profunda crisis financiera y de gobernanza que afecta al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), poniendo en riesgo a millones de afiliados de la entidad estatal.
En una rueda de prensa conjunta celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, encabezada por el doctor Ramón Alvarado, exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS) y actual secretario de Salud de la FP, junto al licenciado Fernando Caamaño, exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales y secretario de Seguridad Social, revelaron alarmantes datos sobre el deterioro institucional de la única Administradora de Riesgos de Salud (ARS) de carácter público en el país.
“El SeNaSa atraviesa una grave crisis financiera y gerencial que amenaza la sostenibilidad del sistema. Hay deficiencias en la prestación de servicios, retrasos en autorizaciones, morosidad en pagos y riesgo de quiebra para prestadores privados. Esta situación exige una intervención inmediata del presidente Luis Abinader”, señaló Alvarado en su intervención.
El dirigente opositor denunció que la crisis impacta no solo al régimen subsidiado, que cubre a las familias más vulnerables, sino también al régimen contributivo, lo que limita el acceso a medicamentos, estudios diagnósticos y otros insumos vitales.
Mientras que, Fernando Caamaño detalló el trasfondo de la situación, acusando directamente al Gobierno de utilizar el SeNaSa con fines políticos.
“Desde 2021 venimos denunciando una gestión administrativa deficiente, marcada por prácticas proselitistas. El SeNaSa permitió ilegalmente el ingreso de más de dos millones de personas al régimen subsidiado, con el único fin de favorecer la reelección presidencial”, afirmó Caamaño.
De acuerdo a los datos revelados por el dirigente, el déficit operacional acumulado del régimen subsidiado asciende a RD$3,372.8 millones, arrastrando al sistema de seguridad social a una situación crítica. A esto se suma una propuesta que calificaron como «una amenaza aún mayor»: el intento del gobierno de retirar RD$10 mil millones de las reservas del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), fondos que pertenecen a los trabajadores cotizantes del país.
“Eso sería una ignominia. Quieren cubrir las fallas de gestión de SeNaSa con recursos del pueblo dominicano, sin explicaciones, sin transparencia y sin correctivos internos previos. SeNaSa se ha convertido en un barril sin fondo”, sostuvo el exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales.
En nombre de la Fuerza del Pueblo los dirigentes advirtieron que, según datos de la SISALRIL, la morosidad en el pago a proveedores por parte de SeNaSa ha crecido de manera alarmante: del 0.97% en 2020, pasó al 46.02% en 2023 y se mantiene en 44% en 2024. Este retraso afecta directamente a clínicas, farmacias, laboratorios y profesionales de la salud.
Ambos dirigentes coincidieron en que el Gobierno está intentando reconfigurar el sistema para redistribuir los recursos del Plan Básico de Salud (PBS) y asignar de forma injustificada unos RD$1,500 millones adicionales anuales a SeNaSa, lo que calificaron como un atentado ético, legal y técnico contra la equidad del sistema.
“SeNaSa no le pertenece al PRM, le pertenece al pueblo dominicano. No lo destruyan”, sentenció Caamaño.
