Santo Domingo, RD.- El Tribunal Superior Administrativo Quinta Sala (TSA), revocó el artículo 6 del Decreto núm. 102-22, emitido por el Poder Ejecutivo el 01 de marzo del 2022, y ordenó el reintegro del señor Francisco Romer López, como general de brigada de la Policía Nacional.
Una sentencia del TSA, del 21 de julio pasado y dada a conocer este viernes, declara como «bueno y válido», en cuanto a la forma, el recurso contencioso administrativo incoado en fecha 03 de agosto del año pasado, por Romer López, en contra de la Presidencia de la República, el Consejo Superior Policial, la Policía Nacional y su director general, por cumplir con los requisitos legales previstos para la materia.
El tribunal indicó «tercero: acoger en cuanto al fondo, el recurso contencioso administrativo interpuesto por el señor Francisco Romer López, en contra del Poder Ejecutivo, Consejo Superior Policial, Policía Nacional y su director, en consecuencia, revoca el artículo 6 del Decreto núm. 102-22, de fecha 01/03/2022, y ordena el reintegro del hoy recurrente» precisa el fallo del TSA.
Puntualizó, que Romer López ostentaba el grado de oficial general (Mayor General), como establece el artículo 75 numeral 1 de la Ley 590-16, el cual dispone que para ser puesto en retiro debe cumplir 60 años de edad y/o 40 años de servicio, mientras que en el caso de la especie, el recurrente no cumple con los años de edad, ni con el tiempo en el servicio requerido para ser colocado en retiro, de acuerdo al artículo 106 de la Ley 590-16.
En ese sentido, el tribunal precisó que «la actuación realizada por la parte recurrida infringe el principio de legalidad administrativa, en tanto que no ciñó su acción a lo previsto en la Ley num. 590-16”, indicó.
El Decreto presidencial 102-22, había colocado al general en honrosa situación de retiro por antigüedad en el servicio, con disfrute de pensión y lo ascendió al rango de mayor general, así como a otros 11 generales en la misma situación, sin embargo, Romer López entendió que se le violentaron sus derechos fundamentales, calificando de injusta y arbitraria la decisión en su contra, la cual recurrió ante la justicia a través de sus abogados, licenciados Víctor Turbí Ysabel y Néstor Arroyo.