Santo Domingo.- El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, se declaró la noche de este martes como “un privado de libertad sin haber cometido ningún delito” y aseguró que ese hecho se debe a una “venganza personal” del Ministerio Público, al que acusó de haber violado sus derechos fundamentales en varias ocasiones.
El exfuncionario judicial desmintió la afirmación de la Procuraduría General de la República de que incurrió en actos de corrupción para ejecutar la construcción de la cárcel La Nueva Victoria y se desligó de las supuestas irregularidades que el órgano dice que hay en la obra.
Dijo que ese centro de rehabilitación de privados de libertad fue construido mediante un proceso de licitación, parte del cual fue avalado por la actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
“Se me acusa y me tienen privado de libertad por supuestos vicios de construcción, pero les pregunto, ¿y yo soy ingeniero?, ¿y yo he construido? Nosotros contratamos empresas para que esas empresas construyan. Cómo es posible que me priven de mi libertad por un impermeabilizado incorrecto, cisterna, por una tercera mano de pintura o porque los inodoros no tienen agua suficiente, como lo indica la página 16 de la instancia presentada, sin yo ser ingeniero ni haber construido nada”, acotó.
Rodríguez se preguntó por qué es la única persona que está presa por los alegados “vicios de construcción” que el Ministerio Público dice que tiene la cárcel, habiendo intervenido en ella tantas compañías.
Carlos Balcácer y otros representantes legales de Rodríguez expresaron que tienen esperanza de que su defendido sea puesto en libertad, pues consideran que este tiene suficiente arraigo y que no representa peligro de fuga.
Además del exprocurador, figuran como imputados en el caso Medusa: Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Según la acusación del Ministerio Público, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.