Santo Domingo RD.- El expediente formulado por la Procuraduría Anticorrupción en contra del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, y a través del cual se solicita la imposición de medidas coercitivas, señala que la sede del Ministerio Público se convirtió en una especie de comando de campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), durante la pasada zafra electoral.
Los investigadores atribuyen a la pasada gestión haber convertido la sede de la Procuraduría en un depósito de suministros para proselitismo político.
Todo estaría enmarcado dentro del llamado “Movimiento Político Renovación”, una agrupación política que antes era dirigida por Jean Alain Rodríguez, cuando este era director del CEI-RD, pero que en el año 2016 habría pasado ser dirigido por Rafael Stefano Canó Sacco, uno de los implicados.
“Durante el transcurso de la campaña política de 2020 fueron nombrados en distintas zonas del país unos empleados denominados enlaces comunitarios, los cuales no eran más que activistas políticos pagados por la Procuraduría General”, señala parte de la investigación en contra del grupo.
También en la sede del Ministerio Público se habría preparado sobres con 400 pesos cada uno, para ser entregados en la oficina de Jonathan Joel Rodríguez Imbert o en el local del movimiento “Renovación 2020”, en la avenida Winston Churchill.
La Procuraduría Anticorrupción sostiene además, que en la gestión de Jean Alain como jefe del Ministerio Público se crearon nóminas ficticias para distraer fondos públicos, pero también se establecieron procesos fraudulentos de compras, recibieron dinero de sobornos en bultos y destruyeron evidencias en plena transición de Gobierno.
Los detenidos
Hasta ahora se encuentra detenido Miguel José de Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.
También Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General. Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.
Los trabajos de la Procuraduría han incluido al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional, La Vega y La Romana.
«Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos», dijo hoy la PGR en un comunicado de prensa.
