El pasado viernes, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, depositó en el Congreso Nacional el proyecto de ley que regulará la libertad de expresión y los medios digitales mediante la Ley Orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales.
El proyecto es respaldado por la Sociedad Dominicana de Diarios, que aseguró que la propuesta se trabajó por más de dos años para modernizar el marco legal vigente desde 1962.
La propuesta incluye la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom) como entidad estatal descentralizada, con autonomía funcional, financiera y administrativa; patrimonio propio y personalidad jurídica, con la responsabilidad de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información y definir, establecer y reglamentar las políticas públicas, normas y procedimientos necesarios para la aplicación adecuada de esta ley.
«Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus), valoramos profundamente la propuesta legislativa contenida en el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación, elaborado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión y remitida al Senado por el presidente de la República. Consideramos que este instrumento jurídico está alineado con la realidad actual del país y que su estructura normativa refleja un esfuerzo por ofrecer un marco legal coherente, moderno y respetuoso de los principios democráticos», dijo la fundación, en un comunicado.
Además, afirmó que la nueva legislatura funcionará como una herramienta para proteger la libertad.
«Desde Finjus, reiteramos que el presente proyecto representa un avance significativo hacia una regulación justa, equilibrada y moderna para la protección de la libertad de expresión en la República Dominicana», agregó.
En el caso de infracciones leves se le hará un llamado de atención y se impondrán multas entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos del sector público. El proyecto establece como una sanción grave el limitar por vías de hecho o actos contrarios a la Constitución la libertad de expresión, la independencia de los medios de comunicación o el derecho de acceso a la información.
